PLAN DE BARRANQUILLA

Documento suscrito el 22 de marzo de 1931, por un grupo de venezolanos, exiliados en Barranquilla (Colombia) por estar presuntamente implicados en la insurrección militar de 1928. Entre los 12 firmantes figuraban Rómulo Betancourt, quien fue el redactor del documento, Raúl Leoni, Pedro Juliac, Pedro José Rodríguez Berroeta, Ricardo Montilla, Mario Plaza Ponte, Simón Betancourt, Carlos Peña Uslar, César Camejo, José Joaquín Palacios, Valmore Rodríguez y Rafael A. Castillo. Como documento histórico, el Plan de Barranquilla representa la primera expresión de un análisis estructural de la sociedad venezolana y de su proceso histórico, vinculado a un proyecto político y a un programa de acción que planteaba la lucha contra el régimen de Juan Vicente Gómez como una revolución de las estructuras políticas y económicas del país. Estructuralmente, el plan se componía de 2 partes. En la primera se analizaba la situación venezolana desde los orígenes de la República y de sus caudillos, recurriendo para esto a la utilización de categorías del marxismo para lograr una comprensión materialista de la estructura socio-económica del país. De acuerdo con este enfoque, Venezuela es caracterizada como una nación de rasgos semifeudales, en una relación de dependencia neocolonial con la estructura imperialista del capitalismo internacional.

La segunda parte del Plan expone un "Programa mínimo" de acción inmediata de acuerdo con los siguientes enunciados: hombres civiles al manejo de la cosa pública con exclusión de todo militar del mecanismo administrativo durante el período preconstitucional y lucha contra el caudillismo militarista; garantías para la libre expresión del pensamiento, hablado y escrito y para los demás derechos individuales; confiscación inmediata de los bienes de Gómez, sus familiares y servidores; creación de un Tribunal de Salud Pública (inspirado en el Comité de Salut Public de la Revolución Francesa) para investigar y sancionar los "delitos del despotismo"; inmediata expedición de decretos protegiendo las clases productoras de la "tiranía capitalista"; intensa campaña de alfabetización y promoción de la enseñanza técnica industrial y agrícola y proclamación de la autonomía universitaria; revisión de los contratos y concesiones celebrados por la Nación venezolana con el capitalismo nacional y extranjero, nacionalización de las caídas de agua y control por el Estado o el Municipio de los servicios públicos; convocatoria, en un plazo no mayor de un año, de una Asamblea Nacional Constituyente que eligiera un gobierno provisional, reformara la Constitución, revisara las leyes que lo reclamaran con más urgencia y expidiera las necesarias para resolver los problemas políticos, sociales y económicos surgidos de la revolución.

En términos generales, el Plan de Barranquilla fue el "manifiesto-programa" de la Agrupación de Izquierda (ARDI), fundada a los pocos días en la misma ciudad por los firmantes del documento. La publicación de Plan generó vivas polémicas entre los exiliados venezolanos. Algunos, como Miguel Otero Silva, destacaron el contraste entre el carácter radical del análisis marxista de la realidad venezolana y el contenido del programa propiamente dicho, el cual no pasaba de una posición social demócrata moderada. El Plan de Barranquilla sólo fue conocido en Venezuela en 1936 cuando se incluyó en el Libro rojo que el gobierno del presidente Eleazar López Contreras publicó a partir de un legajo de documentos que por un descuido atribuido a Raúl Leoni, habían caído, desde Colombia, en manos de las autoridades venezolanas. El objetivo fundamental del llamado Libro rojo era demostrar las afiliaciones comunistas de los firmantes del Plan de Barranquilla, entonces agrupados en el Movimiento de Organización Venezolana (ORVE). En definitiva, el Plan de Barranquilla puede considerarse como el primer antecedente político de lo que posteriormente vendría a ser el partido Acción Democrática, legalizado en 1941 durante la presidencia de Isaias Medina Angarita.

Sacado de internet:Venezuelatuya.com

Comentario propio:

Aunque muchos calificaron la obra de Betancourt como deficiente y otros como Picon Salas, se le paso la mano y dijo que era como una segunda acta de independencia. Creo que para la epoca y la inmadurez del muchacho Betancourt el documento es "ahi-ahi".

A partir de ese documento publicado en 1931 es que nace el ARDI el embrion de Accion Democratica. La secuencia fue ARDI, ORVE, PDN y AD en 1941.

Documento.

PLAN DE BARRANQUILLA

La repercusión de los movimientos insurgentes iniciados en América Latina al finalizar 1929 y continuados durante los años 30 y 31; la crisis económica; la creciente saturación del descontento en las masas; la anarquía agudizada entre los servidores del despotismo, ante la decrepitud del jefe del régimen y la imposibilidad de acordarse entre ellos para designarle sucesor, son factores concurrentes que nos autorizan a esperar un próximo y decisivo conflicto entre las masas populares de Venezuela y el gobierno de los Gómez. Dentro de la más rigurosa lógica histórica está también la previsión de que en esa lucha, tras peripecias poco prolongadas, triunfará la voluntad nacional. La historia de América, en sus cien años de lucha contra el absolutismo personalista, tiene constatado el hecho de que ninguno de los gobiernos de fuerza se bastaron con el solo aparato militar para sostenerse indefinidamente cuando ya el determinismo de la evolución había señalado su caída. Como Porfirio Díaz y como Juan Manuel de Rosas, Gómez será arrollado por el primer imitador de Madero o Urquiza que transporte a Venezuela, en ésta o aquella forma, rifles y cartuchos. Ya las masas venezolanas están «armadas de la resolución vehemente de armarse», cumpliéndose la más fundamental de entre las condiciones objetivas que para poner a la orden del día la insurrección exigen los de la rigurosa dialéctica materialista.
Ahora bien, ante el desarrollo de acontecimientos que llevaron fatalmente a la revolución, ¿Cual es la actitud de los sectores de vanguardia de la oposición, dentro y fuera del país? De expectativa; o de esfuerzo y labor polarizados exclusivamente hacia una finalidad inmediata: la de derrocar el gomecismo. Si la primera actitud es indigna y vergonzosa, la segunda aun cuando justa en cierta medida, es condenable en su aspecto de unilateralidad de la acción. Coexistiendo con la tarea concreta de acopiar elementos de todo orden para la lucha armada, debe desarrollarse vivamente otra de análisis de los factores políticos, sociales y económicos que permitieron el arraigo y duración prolongada del orden de cosas que se pretende destruir. Si no se cumple esta tarea, el triunfo de la revolución, o de la acción cualquiera que termine con el régimen de Gómez, nos hallaría profesando la tesis simplista y antisociológica de que la «zamarrería» y la «ausencia de fronteras morales» en aquél explican y justifican el cuarto de siglo de rehabilitación. En consecuencia, se caería también en el error de suponer que con la simple renovación de la superestructura política estaba asegurado para Venezuela un ciclo de vida patriarcal. «Hombres honrados en el poder y Venezuela está salvada», es la fórmula en que traducen su atolondrado optimismo quienes solo en Gómez y en su persistencia radican la causa determinante de nuestra inestabilidad nacional.
La verdad de los hechos es otra. El análisis penetrante de la situación venezolana, la confrontación de sus problemas con similares en otros pueblos de América Latina, la aplicación al estudio de su evolución histórica de los métodos de la ciencia social contemporánea, el esfuerzo decidido de ir más allá de las explicaciones superficiales de los fenómenos para buscarles sus causas últimas, nos llevan al convencimiento de que el despotismo ha sido en Venezuela, como en el resto del continente, expresión de una estructura social-económica de caracteres diferenciados y precisables sin dificultad.
Estos factores son internos unos y externos otros. Los primeros, pueden referirse al que los comprende y explica a todos: la organización político económica semifeudal de nuestra sociedad. Los segundos, a la penetración capitalista extranjera. Analicémoslo separadamente.
Organización político-económica semifeudal
La Colonia, como organización jurídica y social, ha pervivido dentro de la República. Legislando en nombre de una teórica y jamás consultada «voluntad popular», quienes concretaron en leyes los resultados de la revolución de independencia respetaron los fundamentos económicos feudales de la sociedad venezolana. Por debajo del nebuloso jacobinismo de la Sociedad Patriótica de igual manera que en el reposado acento de los primeros constituyentes de Caracas alentaba una misma aspiración de la «nobleza criolla»: mantener dentro de la República su posición privilegiada de casta poseyente de cultura y de tierras, de esclavos explotados y de sutilezas escolásticas para justificar esa explotación. La Constitución caraqueña del año 11, las promulgadas por todas las legislaturas provinciales en esos mismos días, fueron elaboradas en armonía con ese criterio de la clase dirigente y para que sirvieran en sus manos de eficaz elemento de dominación. Todas consagraron el principio oligárquico, negación automática de esa democracia teóricamente proclamada, de que sólo los poseyentes de bienes raíces podían aspirar a funciones dirigentes. Los que nada tenían, la masa expoliada, sólo sirvió para darle cuotas de sangre a sus «señores» y para ayudarlos con ellas a extender a radios mayores que la «hacienda» o el «hato» patrimoniales el dominio de su influencia. A través de cien años, para las masas populares la situación continúa idéntica. Escindida Venezuela de la Gran Colombia, los «canastilleros» del año 30, aliados con la burguesía rural de cepa latifundista se compactaron alrededor de Páez, traidor a los ideales de su clase y conculcador sistemático de la libertad económica de los hombres con los cuales había luchado por la conquista de la libertad política. En las combinaciones de los dirigentes «godos» del 30 al 46, no se contó nunca, para nada, al pueblo, a la nación. La oligarquía liberal, aparte de las reformas formales utilizadas como «carnadas» para atraerse multitudes hambrientas de justicia social, fue tan respetuosa como la oligarquía conservadora del derecho para la burguesía criolla y para el capital extranjero de explotar en la ciudad y en el campo a los trabajadores manuales y a los sectores intelectual y medio no corrompidos. El desplazamiento del poder de una oligarquía por la otra no ha significado hasta ahora sino la alternabilidad de divisas partidistas en unos mismos grupos ávidos de lucro y de mando, identificados en procedimientos de gobierno y de administración. Hasta ahora no ha tenido Venezuela en su ciclo de república ningún hombre cerca de la masa, ningún político identificado con las necesidades e ideales de la multitud. Las apetencias populares han buscado, en vano, quienes las interpreten honradamente y honradamente pidan para ellas beligerancia. Hombres de acción y hombres de pensamiento, «guapos» y «literatos» se acordaron en toda época para ahogar el clamor de los bajos fondos sociales. Por eso, hoy como en los días de la Colonia, los hijos de los esclavos «libertados» por el teatral decreto de los asesinos del Congreso en el 48, están sometidos en el campo y en la fábrica a todas las ignorancias, a salarios de hambre y a un régimen brutal de explotación, por sistemas semiesclavistas, del hombre por el hombre.
La clase mantuana criolla fue a la revolución empujada por sus intereses de clase. lba a suplantar el dominio metropolitano en la explotación directa de las masas, a reivindicar para sí el derecho a ejercer la «tiranía activa y doméstica». Pero, la burguesía colonial no estaba orgánicamente capacitada para gobernar sola. Su evolución económica y política no había cerrado el ciclo que determina la madurez en la actitud de una clase para monopolizar el poder. Le fue necesario pactar con una casta de hombres surgida de los azares de la guerra y con profundos arraigos en la conciencia popular, que en ellos creía ver la encarnación de su destino. Los mantuanos de la Segunda República rodean por eso a Páez, jefe de masas, surgido de la masa. Desde entonces, ya no terminará más el acuerdo del latifundista -siendo agraria nuestra realidad, la burguesía urbana e industrial apenas comienza hoy a cobrar fuerzas —con el «guapo» de turno en la presidencia. Caudillismo y latifundismo son y han sido, en lo interior, los dos términos de nuestra ecuación política y social.
Para caudillos y latifundistas la situación semi — hambrienta de las masas y su ignorancia son condiciones indispensables para asegurarse impunidad en la explotación de ellas. Sin libertad económica, analfabetos y degenerados por los vicios, los trabajadores de la ciudad y del campo no pueden elevarse a la comprensión de sus necesidades ni son capaces de encontrarle cauce a sus anhelos confusos de dignidad civil. La ausencia de protección por parte de nuestros gobiernos a las clases trabajadoras, lógica por el compadrazgo ya señalado de «generales» legisladores con dueños de haciendas y de fábricas, se aprecia por la simple consideración de que el primer código del trabajo promulgado en Venezuela, y eso de reaccionaria contextura fascista, corresponde al año de 1928. En cuanto a educación popular, un 90% de analfabetos demuestra cómo a pesar del «magnánimo» decreto de Guzmán Blanco y de los demás «esfuerzos» posteriores en el mismo sentido —incluyendo la reciente campaña de desanalfabetización decretada por Samuel Niño—, los fideicomisarios en la República de la clase dominante colonial han realizado a cabalidad el anhelo expresado en 1796 por los munícipes de Caracas, en Acta dirigida al rey, de que se continuara negando a las clases bajas «la ilustración de que hasta entonces habían carecido». La industria del «aguardiente» —y el monopolio de la «jugada», mercantilización de taras sociales en beneficio de oligarquías, han sido otros de los instrumentos utilizados por nuestras llamadas clases dirigentes para docilizar masas ignaras. El balance de un siglo para los de abajo, para la masa, es este: hambre, ignorancia y vicio. Esos tres soportes han sostenido el edificio de los despotismos.
Estos elementos de descomposición no pueden desaparecer de nuestro organismo nacional si no se renueva en sus propios fundamentos la estructura jurídica y social que los ha producido. Inatacada en sus bases la organización actual de la sociedad venezolana, no procurándose una más justa distribución de riqueza y de cultura entre sus componentes, se corre el riesgo seguro de que fracasen los mejores ideales políticos de los hombres que deben sustituir en el poder a la horda que lo detenta, apenas hayan desaparecido esos hombres del escenario público, si es que antes no los hubiere utilizado una acción contrarrevolucionaria. Si en la alianza latifundista-caudillista se apoyaron primero las oligarquías y luego la autocracia para explotar al país, minar esa alianza, luchar contra ella hasta destruirla, debe ser la aspiración consciente de los venezolanos con un nuevo y menos gaseoso concepto de la libertad que el profesado por los jacobinos de todos los tiempos de la República, convencidos ingenuos de que sufragio universal, el juicio por jurados y otras conquistas de orden democrático bastan para asegurar el «respeto a la ley» y «la felicidad de los pueblos».
Nuestra revolución debe ser social y no meramente política. Liquidar a Gómez y con él al gomecismo, vale decir, al régimen latifundista-caudillista, entraña la necesidad de destruir en sus fundamentos económicos y sociales un orden de cosas profundamente enraizado en una sociedad donde la cuestión de la injusticia esencial no se ha planteado jamás. Protección efectiva para el proletariado urbano, mejorando y elevando su standard de vida; un pedazo de tierra, sin capataces y sin amos, para el campesino desposeído por la voracidad de los terratenientes; educación popular intensiva, primaria y técnica para ambos estratos sociales; lucha abierta contra los vicios que minan la contextura moral y física de nuestros hombres, son conquistas primordiales, inaplazables, sin las cuales nuestra próxima revolución será una de las «clásicas danzas de espadas» venezolanas, sin trascendentales repercusiones en el organismo nacional. El logro de estas conquistas significa el desplazamiento del poder de todo hombre o partido de raíces militaristas y latifundistas, pues, como lo tienen demostrado cien años de fracaso de los ideales democráticos, terratenientes y generales son enemigos históricos de la cultura y mejoramiento de las masas.
Penetración capitalista extranjera
Entre el capitalismo extranjero y la casta latifundista-caudillista criolla ha habido una alianza tácita en toda época. El antiguo capitalismo exportador de mercancías como el de la etapa imperialista, exportador de capitales, han hallado siempre en Venezuela una zona fácil de dominio por la ausencia de previsión nacionalista en nuestros gobernantes. La alianza tácita de los explotadores extranjeros con los explotadores criollos se transforma en expresa obligación contractual cuando Gómez, en los días de la reacción, pide ayuda a Estados Unidos contra posibles movimientos castristas, ofreciendo de paso la solución de todos los conflictos de orden internacional con las grandes potencias, vale decir, ofreciéndole a los capitanes de industria de esas potencias protección y apoyo para que realizasen en nuestro país sus calculados planes de conquista económica. Gómez ha sido consecuente con ese compromiso. Las industrias no afectadas directamente por su monopolio personal han sido entregadas sucesivamente, sin control de ninguna clase, a la explotación capitalista extranjera. La Standard Oil, La Royal Dutch, el Royal Bank, cuatro o cinco compañías más con capitales integrados en su totalidad en dólares o libras esterlinas, controlan casi toda la economía nacional. En cambio de esa política de puerta abierta para la explotación imperialista, que ha entregado las más productivas fuentes de riqueza venezolana a unas cuantas docenas de banqueros e industriales yanquis o ingleses, la internacional de los gobiernos capitalistas le ha prestado resuelta ayuda, en todos los terrenos, al despotismo. No es un secreto para nadie que en la Secretaría de Estado norteamericana ha tenido el gomecismo aliado decidido en toda época y para todo. Igual actitud han adoptado la Cancillería de Inglaterra, Holanda, Francia, etc., así como las de los países semicoloniales de América Latina mediatizados por grupos de capitalistas de aquellas grandes potencias. Si relacionamos la situación venezolana, en su aspecto internacional con las de los otros países del continente, comprobamos que no se trata en nuestro caso de una política determinada a una situación dada, sino de una táctica uniforme aplicada en todas las zonas de inversión y explotación imperialista desde que el capitalismo evolucionó de su etapa librecambista a la monopolista, típica en el último estado de su proceso orgánico que actualmente estamos contemplando. El capitalismo imperialista necesita apoyar y sostener en el gobierno de los pueblos donde hace inversiones a hombres sin escrúpulos ni noción de defensa nacional para asegurarle el máximum de rendimiento a sus trusts y carteles inversionistas. La internacional imperialista ha sostenido a Gómez en Venezuela como sostiene y sostendrá en cualquiera de estos países a gobiernos de fuerza, que con represiones brutales ahogue toda aspiración de mejoras de las clases trabajadoras, que por el utilitarismo de sus gestores no vacile en poner al servicio de la explotación extranjera los medios de producción del país. En consecuencia, la lucha en nuestro pueblo contra el absolutismo político por la defensa de la autonomía económica y para la protección de las clases productoras plantea de una vez la cuestión de defensa nacional de la penetración capitalista extranjera.
Conclusiones
Precisados en el orden interno y en las relaciones internacionales los factores determinantes de la situación venezolana hemos suscrito un programa mínimo de acción política y social con vistas a esos factores. Presumen espíritus simplistas, viciados de la tradicional indolencia venezolana para ahondar problemas, que «asociaciones cívicas» y otros remedios fáciles de la misma índole bastarían para promover en el país un movimiento de dignificación civil. Nosotros, con criterio más realista y positivo, nutrido de doctrina y de historia, creemos que la elevación del nivel político y social de las masas no puede lograrse sino sobre bases de independencia económica. Por eso, hemos articulado nuestra plataforma con postulados de acción social y antimperialista, trascendiendo resuelta y conscientemente las aspiraciones retrasadas de quienes creen que basta moralizar la administración y reformar cuatro o cinco artículos de la Constitución para que Venezuela comience a realizar su destino de pueblo. Hemos dicho programa mínimo, porque el suscrito hoy por nosotros apenas contempla los más urgentes problemas nacionales y porque el contenido mismo de nuestros postulados de acción es apenas reformista. Consecuentes con un método que repudia la sobreestimación de fuerzas, hemos querido considerar sólo las necesidades y aspiraciones populares que creemos más urgentes. La marcha misma del proceso social nos señalará el momento de poner a la orden del día la cuestión de ampliación y revisión del programa. 
Programa
I. Hombres civiles al manejo de la cosa pública. Exclusión de todo elemento militar del mecanismo administrativo durante el período preconstitucional. Lucha contra el caudillismo militarista.
II. Garantías para la libre expresión del pensamiento, hablado o escrito, y para los demás derechos individuales (asociación, reunión, libre tránsito, etc.).
III. Confiscación de los bienes de Gómez, sus familiares y servidores; y comienzo inmediato de su explotación por el pueblo y no por jefes revolucionarios triunfantes.
IV. Creación de un Tribunal de Salud Pública que investigue y sancione los delitos del despotismo.
V. Inmediata expedición de decretos protegiendo a las clases productoras de la tiranía capitalista.
VI. Intensa campaña de desanalfabetización de las masas obreras y campesinas. Enseñanza técnica industrial y agrícola.
Autonomía universitaria funcional y económica.
VII. Revisión de los contratos y concesiones celebrados por la nación con el capitalismo nacional y extranjero. Adopción de una política económica contraria a la contratación de empréstitos.
Nacionalización de las caídas de agua. Control por el Estado o el Municipio de las industrias que por su carácter constituyen monopolios de servicios públicos.
VIII. Convocatoria dentro de un plazo no mayor de un año de una Asamblea Constituyente, que elija gobierno provisional, reforme la Constitución, revise las leyes que con mayor urgencia lo reclamen y expida las necesarias para resolver los problemas políticos, sociales y económicos que pondrá a la orden del día la revolución.
Los que suscriben este plan se comprometen a luchar por las reivindicaciones en él sustentadas y a ingresar como militantes activos en el partido político que se organizará dentro del país sobre sus bases.
En Barranquilla, a 22 de marzo de 1931.

Pedro A. Juliac
Simón Betancourt
Carlos Peña Úslar
P. J. Rodríguez Berroeta
Raúl Leoni V.
César Camejo
Rómulo Betancourt
Mario Plaza Ponte
Ricardo Montilla
Rafael Ángel Castillo
Valmore Rodríguez
Juan J. Palacios

Vale la pena leerlo y no tomarlo muy en serio. Eran otras epocas y otras circunstancias.